Por Yulibelys Wandelpool-Abogada, especialista en Derecho Administrativo, Compras Públicas y Derecho Laboral
La administración pública moderna enfrenta un desafío que pocas veces se reconoce con suficiente claridad: decidir en medio de la incertidumbre. Gobernar no consiste únicamente en ejecutar normas o administrar presupuestos; implica interpretar realidades sociales cambiantes, limitaciones económicas y percepciones ciudadanas que evolucionan más rápido que las propias instituciones.
En un artículo anterior abordábamos el fenómeno de la administración pública defensiva, donde el temor a sanciones, cuestionamientos o responsabilidades posteriores termina ralentizando la capacidad de decisión de muchos funcionarios públicos. Sin embargo, existe otro problema igual de delicado: cuando las instituciones terminan decidiendo sin integrar adecuadamente la economía pública, la experiencia ciudadana y la evidencia disponible.
La incertidumbre pública no surge únicamente por falta de información. En muchas ocasiones aparece porque el Estado recibe señales contradictorias sobre una misma realidad.
Por ejemplo, técnicamente un gobierno puede mostrar indicadores positivos de crecimiento económico, mientras la ciudadanía percibe que el costo de vida continúa aumentando y que los ingresos resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas. Ambas cosas pueden coexistir. Ahí surge uno de los mayores desafíos de la gestión pública moderna: comprender que la realidad económica y la percepción social no siempre avanzan al mismo ritmo.
Lo mismo ocurre en áreas como salud, transporte o seguridad ciudadana. Una institución puede afirmar que existe abastecimiento suficiente de medicamentos o incremento en la inversión pública, pero si las personas continúan enfrentando dificultades cotidianas para acceder a servicios básicos, la percepción ciudadana se convierte también en información relevante para decidir.
Sin embargo, escuchar a la ciudadanía no significa gobernar únicamente desde emociones, presión mediática o tendencias coyunturales. En políticas públicas, no toda información tiene el mismo nivel de calidad. Las anécdotas, intuiciones o percepciones ofrecen señales importantes sobre la realidad social, pero las decisiones sostenibles requieren evidencia, análisis comparativos y evaluación constante de resultados.
Precisamente por eso, las democracias modernas avanzan hacia modelos de gobernanza basados en evidencia. Esto implica utilizar datos verificables, estudios técnicos y medición de impacto para determinar qué políticas realmente funcionan y cuáles producen resultados limitados o temporales.
La propia Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo reconoce que la actuación administrativa debe orientarse por principios como racionalidad, objetividad, buena administración y debido procedimiento. Esto implica que las decisiones públicas no pueden construirse únicamente desde percepciones coyunturales ni desde criterios aislados, sino a partir de información suficiente, motivación adecuada y análisis razonable de sus consecuencias.
El problema surge cuando el Estado cae en cualquiera de dos extremos igualmente peligrosos: decidir únicamente desde estadísticas, ignorando la experiencia social de las personas; o decidir únicamente desde la presión del momento, sacrificando rigor técnico y sostenibilidad institucional.
Ahí radica el verdadero desafío de gobernar en incertidumbre.
La economía pública permite comprender límites presupuestarios, capacidad financiera y sostenibilidad fiscal. La percepción ciudadana ayuda a identificar cómo las personas viven realmente las políticas públicas. Y la evidencia técnica permite evaluar qué decisiones generan resultados efectivos y cuáles terminan siendo simples respuestas coyunturales.
La buena administración no consiste únicamente en decidir rápido, sino en decidir con razonabilidad, proporcionalidad y comprensión integral de la realidad social.
La calidad de una decisión pública no depende solamente de la legalidad del acto administrativo. También depende de la capacidad del Estado de integrar información económica, realidad social y evidencia técnica antes de actuar.
Ningún gobierno tiene información perfecta. La incertidumbre forma parte permanente de la gestión pública moderna. Pero las instituciones más sólidas son aquellas capaces de actuar con método, escuchar con responsabilidad y corregir con evidencia. Porque gobernar bien no consiste únicamente en administrar recursos o responder presiones; consiste en comprender la realidad sobre la cual se construyen las decisiones.
